Las reformas a la orden del día

 

 

 

Repito. No permitamos la reedición de la experiencia del cambio de 1978. Entonces hubo un cambio que desplazó el régimen balaguerista de los doce años.

Se conquistó la libertad política, con el concurso valiente del movimiento de izquierda. Pero la izquierda de aquel tiempo no supo qué hacer con el nuevo ambiente y la oportunidad de avanzar que tenía por delante.

Era el momento de luchar por las reformas que ampliaran y profundizaran las libertades democráticas, la democratización de la vida nacional y la gestión del Estado y no se hizo, o se intentó hacer pero con un notable retraso y ya cuando el mejor momento para hacerlo había pasado.

Ahora luchamos por otro cambio, lo logramos y se abre un nuevo chance para darle sustancia a ese cambio. Son muchas cosas las que deben refundarse porque no son pocas las instituciones que están al borde del colapso. Y gran parte de esas modificaciones exigen que hasta la Constitución misma se reforme.

El presidente Luis Abinader llegó al poder comprometido con unos lineamientos básicos que, entre sus aspectos fundamentales, consagran la lucha contra la corrupción y la impunidad y el adecentamiento de la administración pública; el rescate de la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo.

El Presidente ha reiterado sus compromisos con esos puntos y al menos, en lo de hacer prevalecer determinadas normas éticas, ha tomado medidas interesantes.
Es de esperarse que tome iniciativas en cuanto al problema de las reformas políticas e institucionales. Pero independientemente de eso, son las fuerzas progresistas las que tienen el deber de plantear el debate en ese campo.

Es un asunto práctico y el momento es propicio para que se identifiquen las instituciones y se establezcan las demandas y sugerencias que desde los sectores más avanzados políticamente conviene procurar.

Con realismo, sin exageraciones que pretendan ir más allá de lo que las circunstancias actuales permiten, pero con determinación.
Hay que escribirlo y promoverlo. Como un programa político, levantarlo como bandera y resumirlo en consignas.

Simultáneamente, prestigiarlo y hacerle espacio en la opinión pública, unir en un esfuerzo común a fuerzas políticas y sociales avanzadas y no conformarse con eso, sino intervenir en los escenarios donde esos temas se discutan y hacer todo lo posible para que nuestras demandas democráticas se legitimen y se conviertan en leyes.
Así avanzaríamos por el camino de la transición pendiente.