Imputados caso Coral van a prisión preventiva por 18 meses en Najayo; Girón con arresto domiciliario

Tras agotar tres días de deliberación, la jueza Kenya Romero, quien conoció el caso Coral, impuso este lunes 18 meses de prisión preventiva para el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres; el exdirector financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial, coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero y los presuntos testaferros Tanner Flete y la pastora Rossy Guzmán.

Del total de seis encartados, estos cinco fueron enviados a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Najayo tras las acusaciones del Ministerio Público que la jueza Romero pudo confirmar. Los imputados quedan apresados para salvaguardar el proceso de investigación abierta que tienen las autoridades y que los señala por cometer lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores, falsificación de documentos y porte ilegal de armas.

Mientras que Raúl Girón deberá cumplir arresto domiciliario por 18 meses y estará vigilado con la colocación de un localizador electrónico, sumado a impedimento de salida del país.

Girón fue el plato fuerte de las audiencias al confesar todo el entramado presumiblemente corrupto que existe en las filas militares. En su discurso, arremetió en contra del coronel Núñez de Aza y de Cáceres acusándolos de ser las cabecillas de la malversación de fondos que se efectuaba desde la seguridad presidencial.

Posterior a sus delaciones, sus abogados y la barra del Ministerio Público se unieron para pedir a la jueza que, en vez de aprisionarlo por 18 meses como a los demás, se le varíe la medida por arresto domiciliario.

En el orden de la resolución de la jueza, también se establece que el caso sea declarado como complejo por la cantidad de imputados que están señalados en la operación anticorrupción y por los supuestos actos delictivos que se enmarcan dentro de la acusación.

Con estas sentencias de Romero se cumple parte del pedimento del Ministerio Público quien solicitaba fuertes medidas de coerción porque, a su juicio, los implicados podrían entorpecer las pesquisas y fugarse del país o del proceso que se lleva a cabo.

En la acusación del Ministerio Público se establece que estos militares supuestamente se constituyeron en un entramado que malversaba fondos desde las arcas nacionales.

VIDEO: Cortesía NuevoDiario.com

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