Soborno y fraude procesal. Esos fueron los delitos por los que el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que habría evidencias de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.
En esa época el entonces magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, llamó a indagatoria a Uribe, abriendo formalmente un proceso penal en su contra y decretando varias pruebas.Ese día el mismo Uribe aseguró que renunciaría al Senado para adelantar su defensa.
«Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia», afirmó Uribe.
Pero la renuncia no se hizo efectiva y, días después, Uribe señaló que había reconsiderado la decisión. «He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria».
Desde entonces, varias situaciones han ocurrido hasta este martes, en el que se conoce que la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de Instrucción, resolvió la situación jurídica de Uribe y ordenó la detención domiciliaria en su contra.
Así, el alto tribunal decidió seguir la investigación contra el senador del Centro Democrático, del que más adelante tendrá que definir si lo llama o no a juicio.
